El presidente de la Federación, que conoce bien esta enfermedad porque la padecieron sus padres, ha reconocido que la Ley de Dependencia fue "una buena salida", en cuanto a recursos y apoyo para las familias afectadas, pero los recortes por las crisis han supuesto un retroceso tanto económico como en la atención.

"Las familias lo están pasando mal", ha afirmado Aulestia, para quien estos centros desarrollan una labor fundamental por las terapias dirigidas a la rehabilitación del enfermo, porque pueden ralentizar el avance de esta enfermedad que cada año presenta un 7 % más de enfermos.

"La investigación va más lenta de lo deseable y no se ven visos de solución", y se habla de que en veinte años se duplicará su incidencia, pero se ha demostrado que las terapias retrasan el avance, con lo que muchas personas no llegarían a esos estadios "tan crueles e inhumanos que ha muchos nos ha costado pasar", ha afirmado.

La crisis ha supuesto un retroceso porque las asociaciones, debido a los recortes en las ayudas públicas que recibían, que han sido desiguales en cada comunidad, han tenido que tomar medidas y reducir personal y servicios, lo que ha perjudicado tanto a los enfermos como a sus familias.

La congelación de estas ayudas ya supondría un paso atrás porque la demanda cada vez es mayor, ha asegurado.

A nivel mundial, se habla de una prevalencia de candidatos afectados en una primera fase de la enfermedad, que aún no se exterioriza, en un 7 por ciento en personas mayores de 65 años, si bien alcanza al 50 por ciento cuando se sobrepasan los 80 años.

Según Aulestia, en España hay 1,6 millones de personas candidatas a tener un tipo de demencia, pero alrededor de estas personas están sus familiares, por lo que unos 6 millones sufren las consecuencias.

Aulestia ha apuntado que las familias tardan entre 5 y 6 meses en dar el primer paso desde que empiezan a observar síntomas, como la pérdida de lenguaje y de capacidad para desempeñar hábitos diarios, pues el problema no radica "en dónde se dejan unas llaves sino en desconocer para qué sirven".

Para Aulestia, la incidencia del alzheimer ha llegado a tal extremo y presenta un futuro tan preocupante que se trata de una "cuestión de estado", por lo que reivindica una política estatal para esta enfermedad, en la que participen "todos los agentes que están alrededor de esta demencia".

El aspecto sociosanitario, la información, la investigación y el ámbito económico y jurídico, son los cuatro bloques en los que debe trabajar el Gobierno central, como máximo responsable, unido a las comunidades autónomas, profesionales, asociaciones e investigadores.

"Existen desequilibrios entre las comunidades y es preciso unificar", según Aulestia, quien la semana pasada formuló su petición en la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y salió con la satisfacción de que todos los grupos estaban de acuerdo con esta iniciativa.

No obstante, "esto no ha hecho más que empezar, y hay que seguir luchando", ha dicho Aulestia, quien se define como un activista militante en la búsqueda de soluciones para resolver el problema de esta enfermedad.